El 22 de mayo, el Secretario de Gobierno, Martí Batres, presentó el Plan General de Desarrollo (PGD) y el Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT), ambos validados por el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP).
Críticas y Omisiones
El proyecto del Plan General de Ordenamiento Territorial omite observaciones relativas a riesgos propuestas por especialistas. Entre las omisiones más significativas, resalta la intención de edificar la denominada “Infraestructura del Bienestar” en áreas de alto valor ambiental e infiltración del acuífero. Además, se señaló la presentación de mapas imprecisos, supuestamente con la finalidad de exagerar las invasiones y apoyar la urbanización de la región.
Se identificó también que el proyecto no ofrece definiciones claras sobre las “zonas prioritarias” ni sobre los “megaproyectos”. En relación con estos últimos, si bien se promete prohibir su construcción en zonas con escasez de agua, esto podría dificultar que la ciudadanía exija el cumplimiento del ordenamiento.
Llamados a la Pluralidad y Participación Ciudadana
Desde el punto de vista legal, el proyecto presenta deficiencias. De acuerdo con las normas vigentes, este programa debe establecer reglas claras de ordenamiento territorial, las cuales no se encuentran en el documento presentado. La organización Ruta Cívica señala que las declaraciones de Martí Batres son meramente “greenwashing” (o “maquillaje verde” en español), insinuando un compromiso superficial del Gobierno de la Ciudad de México con las causas ambientales.
Especialistas en planeación solicitaron al Congreso capitalino la realización de un parlamento abierto para incorporar una diversidad de propuestas en el PGD y el PGOT. En esta iniciativa se espera que todas las opiniones sean consideradas por los diputados antes de la resolución final. Es imperativo considerar la diversidad de opiniones, elaborar documentos técnicos, evaluar los desafíos futuros y garantizar certeza jurídica.