Columna publicada originalmente en Reforma Ciudad:
- La recién aprobada Ley de Planeación, aprobada por el mayoría de Morena en el Congreso y dictada por la Jefatura de Gobierno, es una gran decepción.
#CDMXsustentable, 19 diciembre 2019.- En la nueva Constitución se había llegado a ciertos equilibrios: no serían ni SEDUVI ni el Congreso quienes definirían la planeación ni los usos de suelo. Se crearía un nuevo Instituto de Planeación; ahí se colocaría el sistema de información, una oficina de participación y una ruta para elaborar los instrumentos de planeación, aprobados tanto por el Ejecutivo como por el Congreso.
Este Instituto no quedaría únicamente bajo las órdenes de una Dirección todopoderosa, sino que dos órganos colegiados ciudadanos revisarían técnicamente y serían contrapesos para crear las nuevas reglas de la Ciudad: las vocaciones de distintas zonas, los límites para detener el crecimiento horizontal, las áreas no urbanizables por conservar para la infiltración al acuífero e inundaciones, las metodologías de participación y renovación de programas parciales, entre otras más.
Sin embargo, a partir de la nueva ley, este Instituto no será independiente sino nacerá sectorizado a la Jefatura de Gobierno. Es decir, dependerá de los vaivenes de cada sexenio y será difícil dar continuidad a los planes de 15-20 años previstos por la Constitución o las presiones políticas por regularizar asentamientos humanos.
Las tareas sustanciales del proceso de planeación -como convocar, difundir, consultar y seleccionar propuestas- también quedarán a cargo de la Jefatura de Gobierno, y no en el Instituto.
Para elaborar los Programas de Ordenamiento Territorial con vigencia de 15 años –donde se definan alturas y densidades de nuevas construcciones, usos de suelo, espacios verdes– las alcaldías trabajarán subordinadas a SEDUVI. Violando la Constitución, se omite que los Concejos de las alcaldías aprueben estos programas y establecen su afirmativa ficta (el Congreso tendrá sólo 6 meses para aprobar/rechazar o quedarán automáticamente aprobados).
La ley tampoco garantiza mecanismo ni rutas de participación; se abrirá virtualmente bajo discreción de la “Plataforma de Gobierno”, manejada por la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP). En la reciente consulta del Metrobús, por ejemplo, esta Plataforma recopiló ilegalmente las claves electorales de quienes participaron, representando un enorme riesgo. Esto previamente se debatió en la Ley de Participación y ahí se eliminó, pero se mantuvo en la #LeydePlaneación.
A los espacios ciudadanos del Instituto (Directorio Técnico y Consejo Ciudadano) mandatados por la Constitución, se les subordinó a ser de “consulta” sin facultades claras. Más grave es que los 37 nombramientos de ciudadanos honorarios y la Dirección del Instituto serán decididos por Claudia Sheinbaum, sin convocatorias públicas.
Por supuesto que el Gobierno debe liderar la planeación. Por ello, la Jefa preside la Junta de Gobierno del Instituto, junto con 5 miembros de su Gabinete. Pero la forma en cómo se ocupen las sillas ciudadanas, determinan una dinámica clave. Bajo convocatorias, quienes se comprometen a trabajar sin sueldo por la Ciudad, pasan por el escrutinio público de decidir los mejores perfiles y composición. Cuando la Jefa nombra a funcionarios de universidades, llegan los profesores “obligados a ir” por sus rectores, por quedar bien con la jerarquía a quien le deben su lugar, pero sin interés genuino de estar ahí.
Se pierde así la oportunidad de que estos espacios ciudadanizados representen los diversos intereses, disciplinas y perspectivas. Que sirvan para acordar el pacto social de las nuevas reglas y para procesar con legitimidad las decisiones más importantes.
Es la oportunidad perdida de un enorme legado para la Ciudad: la plataforma de diálogo y prevención de sus futuros conflictos.