- Los Gobiernos federal y de la Ciudad de México presentaron censos e inventarios de infraestructura pública dañada, que no han resultado ni completos ni confiables.
- Organizaciones solicitan al Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional AntiCorrupción estudiar, identificar y transparentar las prácticas inmobiliarias relacionadas con edificios utilizados por el gobierno y dañados tras el sismo de 2017.
- Fundamental garantizar la transparencia del uso de los recursos, se prevenga el tráfico de influencias, la malversación de recursos y, sobre todo, se garantice la seguridad de las personas usuarias, vecinas y transeúntes de dichos inmuebles.
#CDMXsustentable, 17 de octubre de 2018.- Los sismos de septiembre de 2017 mostraron nuestra falta de prevención y preparación para los desastres. Las consecuencias y daños materiales fueron grandes y rebasó, también en este sentido, la capacidad del Estado para atender los inmuebles afectados.
El CENAPRED tenía diseñado un protocolo y una red para revisar la seguridad de inmuebles después del sismo; inmediatamente se crearon brigadas desde la UNAM, el Instituto de Seguridad de las Construcciones y el Colegio de Arquitectos. Sin embargo, los formatos, los criterios y el expertise no se estandarizaron en procesos claros. Las bases de datos no se homologaron ni concentraron y hasta la fecha continúan causando incertidumbre, por la falta o poca confiabilidad de los dictámenes oficiales.
El sismo dañó 2,656 negocios; 1,386 edificios patrimoniales; 117 hospitales y clínicas de salud; 1,936 inmuebles educativos; y 326 inmuebles culturales no catalogados.
Por su parte, los Gobiernos federal y de la Ciudad de México presentaron censos e inventarios de infraestructura pública dañada, que no han resultado ni completos ni confiables, pues de la documentación de organizaciones de la sociedad civil se identifican otros inmuebles de gobierno dañados. Estos procesos de falta de información y certeza suelen ser la base de los próximos desastres humanos.
De acuerdo con cifras de los censos disponibles en la Plataforma CDMX, 37 edificios utilizados como oficinas del Gobierno de la Ciudad de México resultaron afectados con el sismo, la mayor parte con daños menores o reparaciones. Para oficinas del gobierno federal, se registraron 46 inmuebles con daños. Sin embargo, CIUDADanía19s, documentó en el transcurso de esos meses otros 34 edificios de gobierno dañados que no aparecen en los censos oficiales; en este registro se incluyen oficinas de gobierno federal y de la Ciudad de México.
El número de edificios de oficinas de gobierno ya sea de los censos oficiales o del mapeo de CIUDADanía19s llama la atención, pues indica que hay un patrón en edificios de gobierno dañados y que no son casos aislados. Algunas de las prácticas y peligros que identificamos son los siguientes:
- Varios de los edificios de oficinas gubernamentales afectados coinciden con inmuebles dañados desde 1985.
- No ha habido transparencia sobre el censo oficial e inventario de daños.
- No existe información pública sobre el estado o los dictámenes oficiales de los inmuebles que son utilizados como oficinas de gobierno. Es decir, la historia (legal y de construcciones) del inmueble no es pública, los dictámenes estructurales (si los tienen) no están a la vista; en el caso de edificios arrendados, los contratos de arrendamiento y sus anexos, donde se debería incluir su mantenimiento y reforzamiento, son inaccesibles, aún solicitándolos mediante el portal de transparencia.
- Hemos atestiguado opacidad, posible corrupción y tráfico de influencias en la selección y pago de los edificios arrendados para oficinas de gobierno. Es probable que esta situación incentive que no se cumple con las obligaciones de transparencia y acceso a la información señaladas, en el contexto de los contratos de arrendamiento.
- Estos inmuebles utilizados por oficinas gubernamentales resguardan información pública sumamente valiosa y atienden a miles de usuarios, por lo que sus daños son afectaciones severas al buen gobierno y la vida cotidiana.
- Debido a que no hay una historia legal o técnica de cada inmueble, hay una tendencia a repetir esta historia.
Por lo anterior enviamos al Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional AntiCorrupción, un Memorandum sobre el riesgo y potencial corrupción en las propiedades inmobiliarias utilizadas por el Estado mexicano, en el que destacamos la necesidad de tener estándares y una política clara anticorrupción sobre el sector.
Con este análisis, exhortamos al CPC proponga políticas anticorrupción y de gestión del riesgo para los inmuebles que el Estado mexicano –sean gobierno federal, de entidades o municipales—arriende, compre o utilice, de tal forma que se garantice la transparencia del uso de los recursos, se prevenga el tráfico de influencias, la malversación de recursos y, sobre todo, se garantice la seguridad de las personas usuarias, vecinas y transeúntes de dichos inmuebles; así como los documentos y trámites que resguardan.
Puedes consultar 2 documentos:
a) Memo enviado al CPC, y
b) Excel con el listado de inmuebles de gobierno afectados por el sismo del 19s.
Ver también: INFORMES. COLABORACIONES CIUDADanía19s.