- La Constitución es una oportunidad histórica para impulsar un arreglo institucional representativo, con contrapesos y perspectiva sistémica, que no sólo sea de carácter político, sino también un nuevo pacto social y territorial.
- Sectores sociales y privado pueden contribuir a la acción pública, gobernanza y bienestar social, resolver necesidades y problemas públicos junto con el gobierno, bajo un marco normativo democrático y transparente.
- Urge construir un nuevo marco de relaciones democráticas entre el Estado, las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y organizaciones sociales y las empresas.
#CDMXsustentable, noviembre 2016. – En el marco de la elaboración de la nueva Constitución de la Ciudad de México, el colectivo independiente Tú Constituyente (puedes ver la campaña aquí), presentó cuatro iniciativas a distintas comisiones, aquí te explicamos dos.
1. Sistemas de Planeación, Gestión y Rendición de Cuentas para una Ciudad Sustentable
La iniciativa se presentó por #TúConstituyente para crear un Sistema de Planeación, Gestión y Rendición de Cuentas para una Ciudad Sustentable ante la Comisión de Desarrollo Sustentable y Planeación Democrática.
La iniciativa destaca que se ha privilegiado la centralización de la toma de decisiones, la discrecionalidad con escasos contrapesos verticales y horizontales y los mecanismos “decorativos” de participación ciudadana, sin contribuir al carácter plural de nuestra Ciudad de México.
“La elaboración de esta Constitución es una oportunidad histórica para impulsar un arreglo institucional representativo, con perspectiva sistémica y nuevos mecanismos de gobernanza, que no lleven a un nuevo pacto social y territorial”, elabora Tú Constituyente. En este sentido, quienes integran el colectivo propusieron puntos específicos para la planeación y gestión de una Ciudad Sustentable, en las que se destacan:
| Propuesta de reforma (artículos) | Temas |
| Sistema de Planeación: art. 20 (A-1, 2, 3, 4 y B-1, 3, 4, 5, 6) | Cambiar “Plan General de Desarrollo” por “Plan Estratégico”. “Programa General de Ordenamiento Territorial” por “Plan General de Ordenación del Territorio y Desarrollo Urbano/Ambiental”. Se busca que el Plan General de Ordenamiento del Territorio, los planes respectivos en las distintas demarcaciones y parciales en colonias, pueblos, comunidades y barrios se especialicen en planeación urbano-ambiental estén sujetos a evaluaciones, recomendaciones y revisiones cada cinco años. |
| Suelo urbano y de conservación: art. 21 (C-1, 2, 7, 8 y G-3) | Se agrega el concepto de “reconocer los derechos de propiedad”, que están consagrados en la Constitución federal, en el artículo 27, donde se reglamenta la propiedad privada, ejidal y comunitaria. Separamos el concepto de “propiedad” que está regulado a nivel federal del ordenamiento y uso que es materia de la Ciudad y su regulación. Busca mejorar la implementación a partir de un buen ordenamiento territorial. |
| Sistema de Aguas: art. 21 (B-1, 2, 3, 4, 5) | Se propone un diseño institucional que gestione efectivamente la cuenca, el ordenamiento territorial y los procesos de información, toma de decisiones y evaluación del agua, con la participación de diversos actores interesados. |
| Derecho a Medio Ambiente Sano: art. 21 (A-1,2,3,4,5,6) y homologar art. 17 (A-1 y 2) | Se proponen diferentes mejoras a la redacción. Una buena parte de las propuestas en este sentido son también para homologar el lenguaje, los términos y el diseño institucional con las secciones anteriores. |
| Sistema de Residuos Sólidos: art. 21 (F-3) | Se considera construir un Sistema de Gestión de Residuos, donde se genere la información adecuada, se planee con base en esta información y estableciendo objetivos y metas de corto y largo plazo, junto con planes de manejo que incluyan la participación de diversos actores como autoridades locales, recicladores, asociaciones vecinales, grupos de defensa de derechos de consumidores y empresas responsables con el medio ambiente. |
| Vivienda: art. 21 (E-3) | Se busca transparentar y se hacer públicos todos los subsidios en sus distintas modalidades otorgados a particulares. Todos los programas y medidas dirigidos a otorgar subsidios, prestaciones, beneficios y fondos de vivienda deberán incluir en su diseño y cumplir con ciertos requisitos en su implementación; y que estas políticas y sus evaluaciones de resultados e impactos rigurosamente aplicadas deben incluir límites y contrapesos. |
2. Alianzas multi-sectoriales
Si bien en la Ciudad de México han dejado de funcionar las viejas reglas y prácticas, aún falta mucho para construir un nuevo marco de relaciones democráticas y pluralistas entre el Estado, las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), las organizaciones sociales y las empresas.
Se presentó ante la Comisión de Buen Gobierno, Combate a la Corrupción y Régimen de Responsabilidades de los servidores públicos, la iniciativa de reforma al proyecto de Constitución de la Ciudad de México para agregar un artículo adicional, el 67, a fin de especificar la importancia de las alianzas multisectoriales en un Estado de derecho.
El Estado y las autoridades son responsables finales de la buena administración, la prestación de servicios urbanos, la conservación y el manejo de recursos naturales y la inversión en infraestructura física y tecnológica, pero los sectores sociales y privado pueden contribuir a la acción pública, gobernanza y bienestar social, resolver necesidades y problemas públicos junto con el gobierno, bajo un marco normativo democrático y transparente.
Por lo anterior se propuso regular las alianzas multi-sectoriales y público-sociales, donde organizaciones de la Sociedad Civil o sin fines de lucro hacen una alianza con el sector público; y las alianzas público-privadas donde empresas y gobierno hacen una alianza, generalmente para infraestructura.
Las alianzas público-sociales en México son escasas o no existen. En particular, el Gobierno de la Ciudad de México ha tenido una política de “gestiones” donde las organizaciones solicitan apoyos puntuales para eventos y pequeños proyectos. En contraste, en la Ciudad hay un número muy alto de alianzas público-privadas sin una regulación adecuada.
Aquí se resume estas alianzas, y por qué es importante que se reconozcan y regulen desde la ley:
| Alianzas público-sociales | Alianzas público-privadas |
| Las Alianzas entre gobiernos y OSC son acuerdos y proyectos de interés mutuo concentrados, con una planeación conjunta y convirtiendo recursos de mediano y largo plazos. | Las Alianzas público-privadas, abarca desde la infraestructura energética, la infraestructura de transporte, así como provisión de servicios de agua potable y saneamiento, hasta los servicios de educación y salud… Los esquemas de asociación pueden darse a través de contratos de servicios, contratos de administración, de arrendamiento o a través de concesiones. |